Es necesaria una política fiscal orientada a fomentar la competitividad y estimular la inversión empresarial. La victoria de Trump plantea obstáculos significativos como consecuencia de las políticas arancelarias anunciadas.
Tras las elecciones en EEUU y la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, la política fiscal a nivel internacional y, particularmente la europea, se enfrentan a numerosos desafíos. La victoria de Trump, junto con un Senado controlado por los republicanos, plantea obstáculos significativos como consecuencia de las políticas arancelarias anunciadas por el mandatario norteamericano y su posición en relación con el plan de reforma fiscal internacional basado en los conocidos Pilar 1 y Pilar 2 impulsados por la OCDE.
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El Pilar 1 busca revisar las reglas de asignación de beneficios, atribuyendo mayor capacidad de gravamen a los estados de mercado. Si bien en un primer momento estas reglas pretendían resolver los problemas derivados de la dificultad de gravar a las empresas de servicios digitales, por no estar vinculadas físicamente a un territorio, finalmente, su alcance, aunque está restringido a los grupos empresariales de gran tamaño, incluye empresas de cualquier sector, incluso a aquellas con clara vinculación a un territorio y escasísima capacidad para operar sin presencia física.
La cuestión es que su aplicación práctica requiere un convenio multilateral, firmado y ratificado fundamentalmente por Estados Unidos, ya que la gran mayoría de los grupos afectados son norteamericanos. En este sentido, nunca ha sido fácil que EEUU aplicara el Pilar 1, dado que no ha ratificado convenios multilaterales en materia fiscal, y la situación actual hace que esto sea, si cabe, aún menos probable.
Si el Pilar 1 no se aplica finalmente, otros países han anunciado que reintroducirán los impuestos sobre servicios digitales. De ser así, parece claro que la administración del gobierno de Trump tomaría represalias contra tales medidas, probablemente mediante aranceles, tal y como hizo en su primer mandato.
Varios países, incluidos España, Francia, Reino Unido y Canadá, han adoptado los citados impuestos. Francia, que fue el primer país en acoger este impuesto, fue investigada bajo la sección 301 de la Ley americana de Comercio de 1974, imponiéndole aranceles al vino, y tras muchas presiones del sector, se redujeron del 100% al 25%. Adicionalmente, EEUU analizó y concluyó que muchos impuestos sobre servicios digitales violaban los acuerdos comerciales. Así, los aranceles de represalia propuestos contra las importaciones de estos países se suspendieron durante las negociaciones de la OCDE, tras un acuerdo con este organismo que ha expirado el pasado verano.
Por su parte, el Pilar 2 supone un impuesto mínimo global del 15% para las empresas multinacionales. Es cierto que EEUU cuenta con una norma, el denominado GILTI, que también requiere que los grupos americanos alcancen una tributación mínima en los países en los que operan, pero la regulación difiere del Pilar 2 sobre todo en el hecho de que se exige alcanzar el tipo mínimo de forma global (agregando todos los países) y no en cada una de las jurisdicciones en las que el grupo tiene presencia. Con todo, y aunque GILTI debe modificarse el año que viene, no parece fácil que se alinee con el Pilar 2.
Además, sobre este último aspecto surge otro problema. Tal y como está diseñado el Pilar 2, si EEUU no lo aplica, a partir del año 2025, las filiales de grupos americanos deberían empezar a recaudar y pagar a su administración tributaria el resultado de aplicar las normas en el territorio americano. Es decir, la filial española de un grupo americano podría verse obligada a pagar el importe restante hasta alcanzar el 15% en territorio americano a la Hacienda española.
En este sentido, parece claro que la administración del gobierno de Trump reaccionaría contra los países que apliquen el Pilar 2 a las empresas americanas. Actualmente, la cuestión se ha resuelto permitiendo no aplicar la norma hasta el 2026 a aquellos países en los que el tipo de gravamen nominal del impuesto sobre sociedades supere el 20%, por lo que, por ahora, la norma no se aplicaría a EEUU (pese a que otra de las promesas de la campaña fue reducir el tipo de gravamen al 15%).
Por otra parte, aunque los aranceles siguen siendo la respuesta más probable, medidas más severas, como invocar la Sección 891 (que duplica los impuestos sobre ingresos extranjeros), serían posibles. En este sentido, el Partido Republicano ya ha propuesto medidas legislativas para contrarrestar las reglas fiscales extraterritoriales. Aunque estos proyectos no han avanzado, reflejan la disposición del partido del presidente Trump para desafiar las reformas fiscales globales.
En este punto, Europa debería revisar sus planteamientos a la luz de las nuevas circunstancias, máxime considerando la necesidad de una política fiscal orientada a fomentar la competitividad y estimular la inversión empresarial tal y como recomienda el informe Draghi.
Fuente: https://www.expansion.com/fiscal/2024/12/04/674f5133e5fdea5b518b45a0.html
