El Gobierno ha anunciado una nueva línea de créditos ICO para financiar a las pymes y autónomos exportadores que quieran abrirse a nuevos mercados. Sin embargo, muchas empresas quedarán excluidas por la antigüedad y otros requisitos.
El Gobierno ha anunciado en los últimos días la puesta en marcha de los nuevos créditos ICO Crecimiento Exportadores, destinados a apoyar a las pequeñas y medianas empresas españolas frente a los retos generados por el entorno arancelario global.
En términos generales, la línea está dotada de 750 millones de euros, de los cuales 181 millones provienen de fondos Next Generation, y busca facilitar la inversión y la modernización de las capacidades productivas de las pymes con actividad internacional.
No obstante, estas medidas no estarán al alcance de todas las empresas. La línea ICO establece condiciones específicas que excluyen a una parte significativa del tejido empresarial: las compañías deben tener una antigüedad mínima de cuatro años y además la actividad internacional debe representar más del 5% de su cifra de negocios. Según datos de Cesce, en 2023 unas 47.500 empresas españolas exportaron de forma regular, mientras que sólo en 2025 se constituyeron más de 128.000 nuevas sociedades, un incremento del 7% con respecto al año anterior.
Condiciones de los nuevos créditos ICO para pymes exportadoras
La línea ICO Crecimiento Exportadores se ha diseñado específicamente para paliar el impacto de las tensiones arancelarias en la competitividad de las pymes que exportan o importan bienes y servicios. Para ello, la financiación contempla, según los datos publicados por el propio ICO, un tramo no reembolsable de hasta el 30% del importe nominal de la operación, con un límite máximo de 200.000 euros, lo que permite a las empresas aliviar parte del coste financiero asociado a sus proyectos de inversión.
Además, los préstamos podrán contar con una bonificación parcial del tipo de interés, lo que reduce el peso de los costes financieros y favorece la implementación de estrategias más ambiciosas en mercados exteriores.
Ahora bien, el Gobierno establece que esta financiación podrá destinarse a inversiones en maquinaria, instalaciones y equipos, así como en nuevas tecnologías, capacidades organizativas, marcas o propiedad intelectual. También se permitirá emplear parte del capital circulante para apoyar el proyecto de internacionalización, siempre que esté, eso sí, directamente relacionado con la inversión principal.
Por otra parte, el importe mínimo de cada operación es de 50.000 euros, mientras que no habrá, por el momento, ningún límite máximo preestablecido, y los plazos de amortización oscilan entre cinco y diez años, ofreciendo así una estructura de financiación de largo plazo.
Antigüedad mínima
Sin embargo, las condiciones de acceso constituyen una barrera para gran parte del tejido empresarial. Aparte de la exigencia de que la actividad exterior represente más del 5% de la cifra de negocios (lo que implica que muchas pymes de reciente creación o con un volumen reducido de exportaciones no cumplan el criterio y no puedan acceder a la ayuda), la antigüedad mínima de cuatro años excluye a numerosas empresas jóvenes, que necesitan un apoyo financiero para consolidarse internacionalmente.
Según el Instituto Nacional de Estadística, casi el 20% tienen menos de dos años de vida, por lo que esta restricción cobra especial relevancia.
El impacto de las políticas arancelarias en las pymes y otras ayudas complementarias
El lanzamiento de la línea ICO Crecimiento Exportadores no puede entenderse sin considerar el contexto de tensiones comerciales y guerras arancelarias que han marcado la economía global en los últimos meses.
En concreto, las políticas de imposición de tarifas sobre bienes importados y exportados afectan de manera desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas, que carecen de la capacidad financiera y de gestión de riesgos que tienen las grandes corporaciones.
Precisamente por ello, cuando se imponen aranceles sobre productos españoles en mercados como Estados Unidos, o Reino Unido o China, las pymes exportadoras ven cómo sus bienes se encarecen frente a la competencia local, reduciendo su competitividad y capacidad de mantener o ganar cuota de mercado. Y de esta forma, sectores como el agroalimentario, la manufactura industrial, la tecnología o la logística sufren el impacto de estas medidas, que encarecen los insumos y elevan los costes operativos.
Según un análisis de la Cámara de Comercio de España, el coste medio de adaptación de una pyme a los cambios en el entorno internacional puede oscilar entre los 10.000 y los 50.000 euros al año, dependiendo del grado de exposición a mercados exteriores y la estructura de sus cadenas de suministro.
Por ello, para equilibrar estos efectos, además de los recientemente anunciados créditos de ICO, existen recursos institucionales complementarios. Por ejemplo, ICEX España Exportación e Inversiones ofrece programas de asesoría, estudios de mercado y promoción exterior para las pymes que buscan internacionalizarse. Asimismo, fondos procedentes de los programas Next Generation EU apoyan proyectos orientados a la digitalización, la sostenibilidad y la innovación, que también pueden ser claves para mejorar la competitividad exterior de las pequeñas empresas.
