El Secretario de Estado de Trabajo avanzó este lunes que el real decreto que obligará a las pymes y autónomos a implantar el nuevo control horario digital para sus empleados podría aprobarse en «dos o tres semanas».
El Ministerio de Trabajo ha acelerado la aprobación de la ley que obligará a empresas y autónomos a registrar por medios digitales la jornada de sus empleados. El real decreto que regulará el nuevo control horario ya se encuentra en el Consejo de Estado y podría estar listo para su aprobación en Consejo de Ministros en un plazo de “dos o tres semanas” una vez se emita el dictamen.
Así lo anunció el pasado lunes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. De cumplirse estos plazos, el nuevo sistema de control horario —que obligará a las empresas a registrar la jornada de forma digital y accesible en remoto para la Inspección— podría aprobarse antes de abril y comenzar a desplegarse en los próximos meses. Todo dependerá del periodo transitorio que establezca el Gobierno en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un factor clave para que autónomos y pymes adapten sus sistemas.
La medida, sin embargo, no solo implicará un cambio técnico, sino también económico. La implantación de un registro digital verificable, trazable e interconectado con la Administración supondría nuevos costes para miles de pequeños negocios, que deberán invertir en software, adaptar procesos internos y asumir un mayor control sobre las horas trabajadas. En la práctica, el nuevo sistema supondrá una inversión de entre 400 y 1.000 euros por empresa.
La reforma llega, además, en un momento especialmente delicado para los pequeños negocios. Organizaciones como ATA y las patronales de empresarios llevan meses alertando de la acumulación de costes laborales y cargas regulatorias que soportan autónomos y pymes: desde la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta la prohibición de usar los pluses para alcanzar este sueldo mínimo o el incremento del MEI desde principios de año.
El nuevo control horario digital para las pymes podría estar aprobado antes de abril
El calendario de la reforma se ha acelerado en las últimas semanas. Según explicó el secretario de Estado de Trabajo, el texto lleva al menos una semana en el Consejo de Estado, el órgano encargado de emitir el dictamen jurídico previo a su aprobación.
Al tratarse de una norma con tramitación urgente, el Gobierno confía en que este informe llegue en un plazo breve. A partir de ahí, el Ejecutivo calcula que necesitará entre dos y tres semanas adicionales para completar los últimos trámites administrativos antes de llevar el decreto al Consejo de Ministros.
Este esquema sitúa la aprobación definitiva en un horizonte inmediato, previsiblemente antes de que termine marzo o, como máximo, a comienzos de abril.
El decreto no necesitaría reformar el Estatuto de los Trabajadores, ni pasar por el Parlamento
Este nuevo registro horario se aprobará directamente mediante Real Decreto, lo que agiliza notablemente su tramitación. En un principio, según avanzó en su momento la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la medida no implicaría una modificación directa del Estatuto de los Trabajadores y no requeriría del visto bueno del Congreso.
Esto permite al Ministerio de Trabajo avanzar con rapidez en una de sus reformas prioritarias, especialmente después de que la reducción de jornada a 37,5 horas quedara bloqueada en el Parlamento.
Así, según explicó Díaz, el registro horario digital se ha convertido en la vía alternativa para reforzar el control sobre el tiempo de trabajo y, en la práctica, limitar las horas extraordinarias no declaradas.
El próximo trámite ya sería el Consejo de Ministros
El principal paso pendiente para poner en marcha esta medida es el informe del Consejo de Estado. Aunque no es vinculante, este dictamen suele introducir ajustes técnicos en la norma y garantiza su encaje jurídico.
En condiciones normales, este trámite podría prolongarse durante semanas o incluso meses. Sin embargo, al haberse declarado urgente, el Gobierno espera acortar los plazos y acelerar la aprobación.
Una vez emitido el informe, el texto pasará por los órganos colegiados del Ejecutivo antes de su aprobación definitiva en Consejo de Ministros.
La clave estará en el periodo transitorio para las pequeñas empresas
Más allá del calendario de aprobación, el elemento determinante será el periodo de adaptación que establezca el decreto una vez publicado en el BOE.
En reformas similares, el Gobierno ha concedido márgenes de varios meses para que las empresas puedan adaptarse a los nuevos requisitos. Sin embargo, todavía no está claro si en este caso habrá un periodo amplio o si se optará por una implementación más rápida.
Más aún cuando la ministra de Trabajo tenía intención en un primer momento –y así lo plasmó en el anteproyecto de ley para el control horario– de implantar esta medida a finales de 2025.
Nuevas obligaciones para pymes y autónomos por el registro horario digital en 2026
El nuevo registro horario no será una simple actualización del sistema de control horario actual, sino un cambio profundo en la forma en que las empresas controlan la jornada de sus empleados.
La reforma busca, según el Ministerio de Trabajo, corregir las deficiencias del modelo vigente, al que considera «fácilmente manipulable» y «poco fiable».
Registro digital obligatorio y verificable
Una de las principales novedades será la obligación de utilizar sistemas digitales para registrar la jornada laboral. El objetivo es garantizar que los datos sean fiables, no manipulables y verificables.
Esto implicará que los registros deberán contar con mecanismos de autenticación –como identificación del trabajador– y sistemas que aseguren la integridad de la información, como sellos de tiempo o trazabilidad de los datos.
Para muchas pymes, esto supondrá abandonar sistemas manuales o básicos –como hojas de cálculo o registros en papel– y adoptar soluciones tecnológicas más avanzadas.
En todo caso, habrá que ver cómo se articula esta identificación del empleado, puesto que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y distintos tribunales han fallado en contra de imponer la obligación de la autenticación biométrica en las empresas.
Acceso remoto para la Inspección de Trabajo
Otro de los cambios clave será la obligación de que estos registros estén disponibles en remoto para la Inspección de Trabajo.
Esto significa que los inspectores podrán acceder en tiempo real a los datos de jornada de los empleados sin necesidad de desplazarse a la empresa, lo que aumentará significativamente la capacidad de control.
En la práctica, este sistema reducirá el margen para ajustes o correcciones posteriores, ya que la información estará permanentemente disponible para la Administración.
Mayor control sobre horas extra y jornada real
El objetivo declarado de la reforma es reducir las horas efectivas de trabajo no registradas. Según el propio Ministerio, el sistema actual no garantiza la objetividad ni la fiabilidad de los datos.
Con el nuevo modelo, las empresas deberán reflejar con mayor precisión el tiempo real trabajado, diferenciando entre jornada ordinaria, horas extraordinarias, tiempos de disponibilidad o interrupciones.
Un coste medio de entre 400 y 1.000 euros al año
La implantación del nuevo sistema no será gratuita. Según estimaciones de proveedores del sector, la mayoría de los autónomos y pymes tendrán que asumir un coste anual de entre 400 y 1.000 euros para adaptarse al registro horario digital.
En el caso de microempresas (como bares, tiendas o peluquerías), el gasto mínimo rondará los 30 o 70 euros mensuales. Por ejemplo, soluciones básicas pueden situarse en torno a los 400 euros anuales para plantillas pequeñas.
Para negocios con más empleados, el coste se incrementa progresivamente. Una pyme de 20 trabajadores podría pagar entre 1.000 y 1.500 euros al año, dependiendo del proveedor y de las funcionalidades contratadas.
Aunque en muchos casos no será necesario adquirir hardware adicional –bastará con un móvil o una tableta–, sí habrá que asumir costes de configuración, formación y adaptación.
Menor flexibilidad en la gestión de plantillas
Más allá del coste económico, el nuevo registro horario también afectará a la organización interna de las empresas.
El refuerzo del control sobre la jornada reducirá la flexibilidad con la que muchos negocios gestionan los horarios, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio o los servicios.
En estos ámbitos, donde las jornadas suelen ser variables y adaptarse a la demanda, la obligación de registrar cada minuto trabajado puede complicar la operativa diaria.
