España avanza hacia la implantación del llamado Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), que supondrá un nuevo coste para las pymes de la alimentación y la hostelería.
España avanza hacia la implantación del llamado Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Una medida que va a transformar de forma directa la operativa diaria de miles de pymes y autónomos del comercio y de la hostelería. Y es que el nuevo modelo, que se impondrá en el país a finales de este 2026, en concreto en noviembre, va a incorporar la obligatoriedad de un depósito económico en cada envase de bebida. Dinero que el cliente paga en el momento de la compra y recupera cuando devuelve el envase.
Esta nueva medida, que recientemente se ha implantado en Portugal y que lleva años en funcionamiento en Alemania, responde a los objetivos fijados por la Unión Europea en materia de reciclaje. Estos llegan al conocer en Bruselas los datos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que sitúan a España por debajo de los niveles exigidos de recogida de envases ligeros.
Sin embargo, su impacto más inmediato no está en el consumidor, sino en el pequeño negocio, esto es, los supermercados y los bares y restaurantes, que pasarán a ser responsables directos del correcto funcionamiento del sistema.
Bares, tiendas y supermercados implementarán la tasa de reciclaje en su gestión diaria
Para una pyme de alimentación o un bar, el SDDR no es sólo un cambio normativo, sino también un cambio a nivel operativo, ya que a partir de su implantación, cada bebida vendida implicará gestionar un depósito que el negocio debe adelantar para devolver después. Y esto conlleva, además, un cambio de precio.
En ese sentido, la Confederación de Comercio de España plantea el impacto que las nuevas medidas pueden tener en la caja diaria, en primer lugar, y también en la logística de todos los establecimientos afectados, al no tener, por ejemplo, espacio físico para almacenar los envases retornados, o bien tener que introducir contenedores específicos para ello.
El sistema se apoya en el desarrollo del Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, que ha sido impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y que fija los objetivos de reciclaje exigidos por Bruselas. Pero lo cierto es que el hecho de tener que validar envases, comprobar códigos y gestionar las devoluciones implica una nueva carga de trabajo para los empleados, y un incremento de tareas que en los pequeños negocios puede ser muy significativo.
Por ello, en la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados han advertido en numerosas ocasiones que la implantación del SDDR, aunque positiva para todos, debe ir acompañada de mecanismos de compensación para evitar que el coste recaiga de forma desigual sobre supermercados y pequeños negocios de alimentación.
También la patronal Hostelería de España se ha sumado como miembro colaborador a la Asociación SDDR para España. A pesar de lo cual ha hablado de una oportunidad que debe analizarse con minuciosidad, ya que es fundamental que el sistema sea lo más eficiente posible para evitar que suponga una pérdida de competitividad para un sector importante de la economía.
La inversión, la adaptación y la desigualdad entre grandes y pequeños negocios
Si bien es cierto el debate sobre la implantación de este sistema, lo cierto es que la activación del SDDR no responde a una decisión política aislada, sino al incumplimiento reiterado de los objetivos europeos de reciclaje. Según los últimos datos, de hecho, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, España sólo logró recuperar el 41,3% de las botellas de plástico de un solo uso el pasado 2024, muy lejos del 70% exigido por la normativa comunitaria.
Y es esta diferencia en el porcentaje la que sitúa a nuestro país en una posición de riesgo frente a la Comisión Europea, que fija hitos obligatorios para todos los Estados miembros. En concreto, la Directiva europea de plástico de un solo uso establece un objetivo para el 2029, que es lograr que haya un 90% de recogida, algo que con el actual sistema basado en contenedores amarillos no se está consiguiendo.
Ahora bien, más allá de la operativa diaria, el principal debate entre autónomos y pymes está en el coste que puede suponerles la implantación de un sistema con el que a priori todo el mundo está de acuerdo, pero que debe formalizarse con equidad. Porque las grandes superficies cuentan con capacidad para instalar máquinas automáticas de devolución, sistemas de clasificación y espacio logístico, y en cambio, en la hostelería tradicional o el comercio de proximidad, la adaptación depende en muchos casos de soluciones manuales o semiautomáticas que siguen requiriendo más tiempo y más personal.
En ese sentido, y según argumentan desde la Confederación de Comercio de España, las tiendas pequeñas deberán conocer bien cuáles son las fórmulas de adaptación para repercutir la nueva tasa en sus precios. Por su parte, en la hostelería el impacto es, si cabe, más directo. Porque el sector trabaja con márgenes ajustados y alta rotación, lo que hace que cualquier alteración en el flujo de la caja o en la operativa diaria tenga un efecto inmediato en la rentabilidad.
Además, queda una pequeña incertidumbre sobre la regulación que establezca finalmente el Ministerio para la Transición Ecológica, que pone como fecha para la implantación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno el 22 de noviembre de este año. A pesar de que ya hayan confirmado que el funcionamiento será mediante un pequeño depósito de mínimo 10 céntimos, todavía queda por dilucidar si habrá algún sistema de ayudas, de financiación o bien de implantación progresiva, sobre todo para los negocios más pequeños o los que se encuentran en zonas rurales.
